Influencias políticas del Grupo Zeta

El 18 de  marzo de 2004 Felipe Calderón citó en sus oficinas de la Secretaría de Energía a Gabriel Zaragoza López, vicepresidente del Grupo Zeta Gas, y a Tomás Zaragoza Ito, dueño del Grupo Tomza –las empresas gaseras más importantes del país–, para persuadirlos de que cesaran las pugnas y conflictos entre ambos, y los convocó a “unir esfuerzos para propiciar la sana competencia” en el sector del gas licuado de petróleo (GLP).

Para esas fechas, entre los gaseros había una serie de denuncias mutuas de corrupción, tráfico de influencias, prácticas monopólicas y competencia desleal interpuestas ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Energía.

Las negociaciones con el secretario eran espinosas, pues desde aquellos días los dueños del Grupo Zeta: Miguel Zaragoza Fuentes y sus hijos Jesús Alonso Zaragoza López y Miguel Zaragoza López, al igual que algunos de sus empleados, eran investigados por la Secretaría de Hacienda por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, indagatoria que hasta el momento continúa abierta.

El convenio, que según Jesús Zaragoza fue planeado por Calderón, tenía como finalidad que ya no se ventilaran las violaciones a la ley cometidas por los gaseros, y que los asuntos se arreglaran en privado “de manera consensuada con la participación de la Secretaría de Energía”. El mediador sería el subsecretario de Hidrocarburos, Héctor Moreira Rodríguez, quien en el convenio aparece –igual que el secretario– como “testigo”.

En el acuerdo entre Tomza y Zeta, los empresarios chihuahuenses, a la sazón primos hermanos, acordaron que, a más de 50 años de fundadas sus empresas, cumplirían con las normas de operación, seguridad y protección civil, se disputarían “sanamente” el mercado del gas y respetarían el Reglamento de GLP respecto a la reposición de los cilindros.

–¡Imagínese! Un secretario de Estado haciendo este convenio –dice Jesús Zaragoza al presumir sus influencias con el hoy presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, el empresario se mofa de la conciliación de Calderón, donde los gaseros se comprometían a trabajar apegados a las normas de seguridad conforme a la ley. “Ningún gasero lo cumple”, dice con desparpajo.

–¿Quién no lo cumple?

–Ningún gasero cumple las normas de seguridad, ninguno las cumplimos.

Sin embargo, las “influencias” que tienen los gaseros mexicanos hacen que tampoco los permisos les sean suspendidos.

Las disputas

“La disputa del gas en México es un problema de familia”, comentó un funcionario de alto nivel de Pemex en alusión a las denuncias que ha recibido el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, sobre irregularidades de funcionarios de Pemex a favor de Zeta Gas.

El comentario se hace extensivo a Jesús Zaragoza, quien asienta y aunque se niega a hablar del tema por considerarlo un asunto privado, confiesa la manipulación que su propia familia hizo con funcionarios públicos.

“La familia siempre ha estado dividida”, dice Zaragoza López; la rivalidad más patente es precisamente entre él, cabeza de Zeta Gas, y su primo hermano Tomás Zaragoza Ito, del Grupo Tomza.

–¿Por eso las disputas con su familia?

–Esas son cuestiones privadas.

Jesús Zaragoza extiende un legajo de documentos firmados por Felipe Calderón.

–¿Era fácil tener acceso al secretario de Energía? –se le pregunta.

–Pues él tuvo acceso. El secretario de Energía nos mandó hablar a nosotros, a Gabriel, mi hermano, vicepresidente del grupo, y un servidor, y le expusimos esto.

–¿Qué les dijo?

–Se firmó este acuerdo donde dice que ambas partes se desisten en su perjuicio de las quejas y denuncias presentadas ante la Secretaría de Energía y la Profeco, y solicitan a ambas autoridades archive los expedientes como asunto total y definitivamente concluido. Por eso digo que seguramente estamos denunciados.

–¿Qué les dijo el secretario de Energía? ¿Hubo conciliación?

–Sí, hubo conciliación y hubo otro acuerdo, sí. Éste es otro acuerdo. O sea, son dos o tres acuerdos. Con el secretario Canales Clariond también nos llevaron a firmar otro acuerdo.

Zaragoza López habla de los acuerdos:

“Promover en las asociaciones de servidores de gas un acuerdo con la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Profeco en materia de mejoramiento de la seguridad en el sector del gas licuado. Tampoco se ha hecho”.

–Esas son obligaciones implícitas cuando les dan los contratos, cuando Pemex, la CRE, la Sener les da las autorizaciones…

–Así es.

–Ustedes tienen que cumplir las normas de seguridad, ¿no las cumplen?

–No, no se cumplen, porque ha faltado coordinación entre el sector del gas LP y la Secretaria de Energía, con la Dirección de Gas. Ambas partes nos comprometimos a cumplir con el programa de reposición de cilindros y a respetar la propiedad de los cilindros de los competidores, y no se ha hecho.

–¿Quién no ha cumplido?

–Nadie lo ha cumplido.

–¿Desde cuándo fue la ruptura familiar?

–Hay infinidad de familiares y empresas familiares que terminan en completa ruptura.

–¿Por qué la rivalidad?

–No es rivalidad, porque el sentido de nosotros no hay quejas, no hay malestares, no hay enojo; claro, hay molestia por este tipo de cosas, porque en muchas ocasiones nos ha llamado el secretario de Energía, y yo solo decía, sí, oiga es que esto, señor secretario que quiere que yo le diga.

–¿Entre las dos familias hay comunicación?

–No, cero comunicación.

–¿Los negocios dividieron a la familia?

–La familia ha estado dividida desde hace mucho. La verdad es que a nosotros, como hijos, ya no nos interesa mucho esto. La familia está dividida desde hace 30 o 35 años. Ni mi padre (Miguel Zaragoza Fuentes) le habla a su hermano (Tomás Zaragoza Fuentes), ni mi tío a mi papá. Cada quien anda por su cuenta.

–¿Fue por el mercado del gas?

–Pues, son cosas familiares.

Tráfico de Influencias

Como “agradecimiento”, el Grupo Zeta apoyó económicamente a todos los candidatos el PAN a puestos de elección  popular, así como a funcionarios de alto nivel de Pemex en el sexenio pasado. La estrecha relación extraoficial de los dueños de Zeta Gas con secretarios de Estado del sexenio foxista no se limitó a una simple amistad. Los funcionarios se encargaron de apoyarlos en el fortalecimiento de su poder monopólico y gestionar en beneficio de Zeta la autorización de la terminal marítima ubicada en Manzanillo, Colima (permiso número PAS-COL-03040194), con la que el consorcio planea controlar el abasto de gas en la región occidente, norte y centro del país, desplazando a Pemex de esta actividad estratégica que, según Jesús Zaragoza, es uno de los negocios más lucrativos que tendrá el consorcio en México. 

Además de que Zeta está gestionando en Pemex Gas que le modifiquen su contrato y le incrementen su volumen de importación de gas con mejores márgenes de ganancia para ellos, y también está presionando a Pemex Gas para que esa paraestatal cierre sus instalaciones estratégicas de sus terminales de distribución en Jalisco, para que les pasen todo ese volumen a Zeta.

Aunque Pemex Gas sabe que no puede hacerlo, porque sería atentar contra los intereses del Estado, busca por todos los medios beneficiar a Zeta creando condiciones monopólicas desiguales a favor de sólo un distribuidor, situación que es revisada por la Comisión Federal de Competencia que preside Eduardo Pérez Mota.

Adicionalmente, exfuncionarios de Pemex encabezados por Marcos Ramírez Silva apoyaron decididamente los intereses de Zeta, con quien según el mismo Jesús Zaragoza mantiene una estrecha relación.

Las pugnas detrás de San Juanico

En diciembre pasado, Contralínea reveló la manipulación que hicieron funcionarios de Pemex para cerrar el ducto de San Juanico. Durante la entrevista, Jesús Zaragoza confirma esta historia de tráfico de influencias y detalla las negociaciones con las que, dice, “logramos que  Pemex eliminara el precio preferencial a los distribuidores en la zona metropolitana”.

Funcionarios de Pemex promovieron el cierre, amparados en el mapa de riesgos elaborado por el área de Seguridad y Protección Ambiental, adscrita a la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) de Pemex, bajo la dirección en ese tiempo de Marcos Ramírez Silva, funcionario con el que, reconoció Jesús Zaragoza, guardaban una estrecha relación.

Trabajadores y ex trabajadores del consorcio gasero revelaron a Contralínea que tanto Marcos Ramírez Silva, como Alberto Cervantes –quien entonces se desempeñaba como gerente de operaciones–, asistían a reuniones privadas con Jesús Zaragoza López y sus asesores,  en lujosos restaurantes del Distrito Federal para definir los proyectos y negocios que Zeta Gas haría con Pemex.

Una de estas reuniones, señala una de las fuentes, se hizo justo cuando Marcos Ramírez Silva y Alberto Cervantes propusieron a Jesús Zaragoza intervenir para que Pemex cerrara sus ductos en Jalisco y que Zeta Gas cubriera el abasto del energético.

Jesús Zaragoza habla con desparpajo de las “ganancias” que Zeta Gas obtuvo con el cierre de San Juanico.

En un documento enviado por la entonces coordinadora general de Protección Civil, Laura Gurza Jaidar, al entonces secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, clasificado como “muy urgente”, le hace patente la necesidad de cerrar exclusivamente el ducto de Venta de Carpio-San Juan Ixhutepec; pero, contradictoriamente, en el mismo documento se señala que un análisis elaborado por el Batelle Institute evidenció que la integridad mecánica del ducto era la adecuada.

El secretario Canales hizo extensiva la misma estimación al entonces director de Pemex, Luis Ramírez Corzo. En un documento “urgente”, del 15 de junio de 2006, Canales solicitaba a Ramírez Corzo que estableciera un sistema provisional de abasto de gas LP a la zona. Las empresas que hasta ese momento se encargaban del suministro eran Gas Metropolitano, Unigas, Gas y Servicio, Gasomático, Bello Gas y Vela Gas.

En una reunión de funcionarios de alto nivel en la Sener, el 26 de junio de 2006, Ramírez Corzo justificaba el cierre del ducto: “el gasoducto está en condiciones operativas de seguridad, pero como pasa por una zona muy poblada a través de invasiones ilegales, se han creado riesgos que es necesario corregir”.

“Unos días antes nos avisaron que se iba a cerrar, que nos preparáramos con más transporte en Tepeji del Río, porque el transporte se tendría que ir para allá”.

–¿Cuándo les informaron esto?

–Qué sería, creo que se cerró en mayo. Nos avisaron cinco o diez días antes, que nos preparáramos con los nuevos horarios que iba a haber para poder cargar en Tepeji.

–¿Y a ustedes quién les comentó que se prepararan?

–La Dirección Comercial, que estaba a cargo el ingeniero Miguel Bueno.

–¿Ganaron con el cierre del ducto de San Juanico?

–Sí, la ventaja para nosotros fue que los cinco gaseros que están en la zona de San Juanico se dejaran de beneficiar de un precio especial de venta de primera mano, mucho menor al que nosotros tenemos en Tepeji del Río.

–¿Es decir, a ellos se les daba precio preferencial?

–Sí, un precio más bajo, ellos (los gaseros de la zona metropolitana) han dicho que se les afectó con 5 mil millones de pesos al año.

–¿Y a ustedes les convino?

–Bueno, sí nos conviene, como que es más uniforme la competencia. En el caso del Grupo Zeta, que tenemos un cuatro por ciento del mercado de la zona metropolitana, pues nos benefició con un cuatro por ciento.

–¿Nunca le comentó Canales Clariond, o Ramírez Corzo que se cerraría el ducto?

–No, es que con ellos no teníamos mucha relación. Lo que sucede aquí es lo mismo que como cuando conseguimos un permiso de gas, que el presidente municipal nos dice: ‘sabes qué: te voy a negar el permiso’, y tú te amparas y allí nos vamos a pelear un poquito pero te vas a pelear tú con el juez para que el juez me de la orden y que yo te dé el permiso, así yo no quedo mal con mi pueblo, eso lo hacen los presidentes, sobre todo cuando se quieren lanzar como diputados.

–¿Y cómo les va a ustedes con los diputados?

–Igual que a todos, ¿no me diga que a usted le va bien?

–No, pero los diputados generalmente tienen relación con los empresarios locales porque son quienes los impulsan…

–Sí hay más relación porque son del mismo pueblo.

Robo de cilindros

En marzo pasado la revista Fortuna publicó la denuncia presentada por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG), integrada por 42 gaseras de capital peruano, contra Zeta Gas Andino, por la retención ilegal de más de 70 mil cilindros que la trasnacional mexicana mantenía escondidos en sus instalaciones para sacar del mercado a sus competidoras.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía del Callao, donde Zeta Gas tiene su planta de almacenamiento. En la indagatoria, un juez ordenó un primer cateo a la planta de Zeta Gas y encontró 10 mil cilindros propiedad de las empresas denunciantes. En un segundo cateo a la misma planta, se encontraron otros 60 mil cilindros. Por el tiempo en que éstos estuvieron escondidos se pudrieron y quedaron inservibles.

Al respecto, en entrevista, el presidente de la ASEEG, Juan Antonio Jara Gallardo, dijo a Fortuna que pese a las pruebas encontradas, la fiscalía dio carpetazo a la indagatoria en contra de Jesús Zaragoza López por el tráfico de influencias con los que se conducían los gaseros mexicanos en el país Andino.

“Zeta Gas aprovechó su poder económico. Eso es corrupción, porque imagínate que la fiscalía nos dice que en la primera intervención encuentran 10 mil cilindros y en la segunda 60 mil y luego archivan el caso”, comentó Jara Gallardo.

Jesús Zaragoza López admite la retención de los cilindros, aunque, dice, no sólo ellos incurrieron en esta práctica. Acusa también a la trasnacional española Repsol, junto con la que Zeta Gas controla más de la mitad del almacenamiento y distribución del gas LP en todo el país sudamericano.

Zaragoza justifica que a su entrada al mercado andino, Zeta invirtió en un millón de cilindros, y justifica que aunque la Ley de Gas vigente exige el respeto a los cilindros, Zeta no podía recuperar el millón de cilindros que hace casi una década introdujo al mercado, así que por ello se fueron apropiando de los cilindros del resto de las gaseras.

“No fue apropiación ilegal, era como hacer un centro de acopio”, justifica el empresario.

“La denuncia existe, de eso sí estoy enterado… El gobierno de Fujimori invitó a los extranjeros a invertir y puso el reglamento del gas que se aplica  en otras cosas interesantes, el libre precio al público, la  libre importación y el respeto de los cilindros.

“Cuando Zeta Gas llega a Perú en 1996, construimos una terminal marítima para importar gas y venderlo a los distribuidores. Fue lo que nosotros íbamos  a hacer inicialmente. Luego, como distribuidores,  invertimos en un millón de cilindros. Obviamente la ley exige respeto de los cilindros y nosotros hemos ejercido esa ley que se nos respete, pero sucede que los inversionistas pequeños no han invertido en cilindros, han invertido en tanques de almacenamiento, en camiones. Entonces ha habido una nueva disputa en que Repsol se apoderó de cilindros que eran de toda la gente”.

–¿Entonces, no fue Zeta Gas quien se quedó con los cilindros sino Repsol?

–Quieren suavizar la ley: dicen, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, pero allí sí afectan a Zeta porque Zeta sí invirtió en cilindros. Es donde hemos entrado nosotros en esta disputa, porque le dijimos a la autoridad: cómo ley, cómo gobierno me invitas  a participar en tu país bajo estas leyes y ahora las cambias.

–¿Quiere decir que los gaseros pequeños de Perú se equivocaron al denunciar a Zeta Gas cuando debieron denunciar a Repsol?

–Denunciaron a los dos, porque ellos quieren que en general todo el parque de cilindros sea común.

–La denuncia fue porque ustedes tenían escondidos los cilindros de toda esta gente.

–No, no estaban escondidos. Teníamos 60 mil o 70 mil cilindros. Es centro de acopio. Los fue llevando la gente y les dábamos uno de Zeta, y así se fueron acumulando.

–¿Hasta llegar a 70 mil?

–Bueno, sí… porque, ¿qué sucede si nosotros soltamos un cilindro, y los que nosotros metimos al mercado en dónde están?, ahorita como está la situación no se recuperarían.

El gobierno de Alberto Fujimori es recordado en Perú como una de las épocas de mayor corrupción y tráfico de influencias en el país andino, donde el Estado entregó a  empresas trasnacionales sectores estratégicos  y de seguridad nacional como el energético, lo que  la larga provocó que Perú perdiera una de sus principales fuentes de ingreso como era la venta de gas licuado de petróleo.

Entre los empresarios que más se vieron beneficiados con la política económica gubernamental, están precisamente Miguel Zaragoza Fuentes y su hijo Jesús Zaragoza López, rechazados por empresarios locales a los que prácticamente llevaron a la quiebra, y por los trabajadores del país andino ante sus violaciones a los derechos laborales.

Pese al rechazo social  contra su empresa Zeta Gas Andino, sin prejuicios, Jesús Zaragoza dice que éste es uno de los mejores negocios del consorcio que encabeza.

–¿Fujimori les cumplió con el negocio que les ofreció en Perú?

–Sí, sí cumplió.

Tractebel

Por sus antecedentes documentados, Zeta fue denunciado por la empresa trasnacional de Gas natural Tractebel, la cual sufrió un duro revés de parte de Zeta al impedirle por todos los medios anticompetitivos su legal acceso al mercado de la distribución de gas natural en la zona de Guadalajara, centro neurálgico del negocio del Grupo Zeta.

Por tal motivo, Zeta no estuvo de acuerdo en competir con Tractebel, ya que eso significaba tener que mejorar sus niveles de servicio a clientes,  mejorar sus precios y competir libremente en un mercado en el que los clientes tendrían que decidir cual proveedor contratar; sin embargo, eso iba contra los intereses económicos de Zeta y no permitió que la libre competencia fuera el marco del desarrollo de sus negocios; por el contrario, contrató a los mejores abogados, destinó grandes sumas de dinero a interponer denuncias e interdictos contra Tractebel, y manipuló movimientos sociales de vecinos y grupos de choque para impedir que Tractebel pudiera crear su infraestructura de ductos, necesaria para su distribución.

En su impotencia contra todas esas acciones anticompetitivas, a las cuales no está acostumbrada en otros países en los que trabaja, Tractebel acudió a la Comisión Federal de Competencia e interpuso denuncias, pero el tamaño de la cartera de Zeta fue suficiente para contratar a los mejores abogados y obtener su cometido: mantener su monopolio en Guadalajara a cualquier precio, con afectación clara para los usuarios y para la libre competencia.

Tractebel desistió de su proyecto de ingresar a Guadalajara al reconocer su total estado de indefensión ante el enorme poder económico y político que Zeta demostró tener. Hoy en día Zeta mantiene una posición monopólica en Guadalajara con más del 80 por ciento del mercado y continúa interponiendo obstáculos y agresiones no comerciales a cualquier otra empresa que trate de vender gas en lo que ellos laman “su territorio” y el cual están dispuestos a defender.

Evasión fiscal

Adicionalmente hay expedientes de investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referentes a la evasión fiscal de trabajadores de Grupo Zeta, quienes hicieron depósitos de cantidades millonarias a sus cuentas personales y que, se presume, pudieran tratarse de recursos que la empresa Zeta evadía del fisco.

Aparentemente las investigaciones y las explicaciones no han sido lo suficientemente claras para deslindar la responsabilidad de la empresa. Con estas formas de actuar, queda claro cómo le ha sido posible crecer tanto y conformar un conglomerado de empresas con un gran poder monopólico, que tiene los suficientes recursos y relaciones políticas para pasar por encima de sus competidores nacionales y extranjeros.

Publicado: Año 3 / Julio 2007 / Número 31